La diputada, Patricia Sánchez Carrillo, después de la reunión señaló que esa determinación se basa en que se investiga la presunta responsabilidad política de la alcaldesa en el ejercicio de sus funciones, muy aparte de la indagatoria que realiza el órgano auditor del estado por las irregularidades en la cuenta pública.
En su oportunidad el presidente de la Comisión Instructora, José de la Peña Ruiz de Chávez, dijo que en la reunión se consideró que el Poder Legislativo tiene las facultades para continuar con este procedimiento, pues no se trata de investigar sólo las irregularidades financieras de la ex alcaldesa, sino la forma en que se realizó y por la investidura de quienes presuntamente las realizaron.
De hecho dijo que tras la separación del cargo, el proceso continua y se busca localizarla para conocer su nuevo domicilio y poder invitarla para que en su caso, presente más pruebas de descargo, y de seguimiento al procedimiento como principal interesada.
Con la determinación de las comisiones de Justicia e Instructora se continuará con el procedimiento instaurado por los cerca de ocho millones de pesos que se gastaron de manera poco clara en la administración de Edith Mendoza y a partir del martes próximo se inicia el análisis de las pruebas recabadas o detectadas contra la ex alcaldesa.