Más vale paso que dure y no trote que canse, es uno de mis refranes preferidos. Y es que en México el acceso a la justicia se trata más de una carrera de resistencia que de velocidad. En eso estará de acuerdo conmigo la inmensa mayoría.

Fue hace seis años cuando conocí el caso de Antonio Manrique Mac, el indígena maya que a través de una compraventa fraudulenta fue despojado de su rancho Las Cavernas, en Akumal, Tulum.

Era el año 2020, y el entonces gobernador Carlos Joaquín González se encontraba en la cumbre de su administración.

El Embajador de México en Canadá había incluso modificado la Constitución de Quintana Roo para poder incrustar en la Fiscalía General del Estado a Óscar Montes de Oca Rosales, quien resultó uno de los funcionarios más perversos y ambiciosos de los que tengo registro.

Cuando inicie el acompañamiento legal del anciano maya, el asunto penal hacía meses que había cerrado con un no ejercicio de la acción penal, pero Antonio Manrique prácticamente no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo ni de lo que había sucedido.

Justo en esos días, fue notificado y citado para una audiencia de vinculación a proceso, en la que él era el imputado… José María Rejón de la Guerra, el cuñado del hoy Embajador de México en Canadá, lo denunció por “denuncias falsas” y “falso testimonio”. Es decir, Antonio Manrique no solo “perdió” su asunto, sino lo iba a apretar la Fiscalía por interponer “denuncias falsas” y por “fingir” no hablar español.

El mismo Fiscal que determinó el no ejercicio de la acción penal a favor de José María Rejón de la Guerra, en menos de tres meses integró la carpeta contra el indígena maya y lo llevaría ante el Juez. Sin duda la balanza de la justicia estaba muy cargada hacia las poderosas familias Joaquín-Rejón.

Pero una vez nombrada la suscrita como defensora, el Fiscal “se arrepintió” y se desistió de su solicitud de audiencia.

Por su dolosa actuación en contra de Antonio Manrique Mac, en diciembre de 2020 denunciamos a los dos fiscales que estuvieron a cargo de la carpeta de investigación en la que resultó beneficiado el cuñado del hoy Embajador.

Esos fiscales son Estela Labastida Rodríguez, quien actualmente es vice fiscal de la zona sur, es decir, tiene un cargo de primer nivel en la Fiscalía General del Estado. El otro fiscal es Jeans Gaspari Chable Yupit, quien continúa laborando en la institución.

Durante seis años, los fiscales han gozado de la protección tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial de Quintana Roo. Sin embargo, el pasado 29 de abril, una Jueza federal ordenó a la Sala Octava del Tribunal Superior de Justicia del estado de Quintana Roo, revocar su determinación de no ejercicio de la acción penal a favor de los fiscales.

UN ÚLTIMO FAVOR DE UNA MAGISTRADA

A lo largo de seis años, los juzgadores del Poder Judicial de Quintana Roo han brindado protección al par de fiscales que ayudaron al cuñado del ex Gobernador.

La última pieza a su favor la movió Adriana Cárdenas Aguilar, quien hasta hace unos meses era Magistrada de la octava sala penal.

Adriana Cárdenas no era cualquier magistrada, es esposa de Octavio Ascencio Reynoso, quien fue secretario particular del magistrado presidente Heyden Cebada Rivas, por lo que la mano de Carlos Joaquín para proteger a sus alfiles fue muy evidente.

En una sentencia de agosto de 2025, la entones magistrada Adriana Cárdenas, pretendió enterrar bajo piedra y lodo la denuncia que presentamos en contra de Estela Labastida y Chablé Yupit, beneficiándolos con la confirmación del no ejercicio de la acción penal.

CERCANO A HEYDEN CEBADA DECIDIRÁ

Contra la resolución de la magistrada Adriana Cárdenas interpusimos un amparo que quedó registrado bajo el número 934/2025 del Juzgado Tercero de Distrito.

El amparo fue resuelto el pasado 29 de abril y en éste se ordenó revocar la determinación de Adriana Cárdenas para que se dicte una nueva resolución, en la que se decida si se continúa la investigación contra los dos fiscales.

A Adriana Cárdenas la sustituyó en la Octava Sala, Omar Landeros, quien fue secretario personal de Heyden Cebada Rivas, y será él quien tome la decisión de continuar o no la investigación en contra de los fiscales que beneficiaron ilegalmente al cuñado del ex Gobernador. En los hechos, será Heyden Cebada quien tome esa decisión. Ya lo veremos.