A pesar del repudio generalizado por la persistencia de la senadora Ludivina Menchaca de cobrar al ayuntamiento de Cancún 285 mil pesos por salarios no pagados en la administración de José Ignacio García Zalvidea, de hace más de seis años, la Legisladora insiste en justificar su actuación.

En un comunicado firmado por Patricia Márquez Muñoz, de Grupo Asesoría Corporativa Empresarial, se defiende la pretensión de “la ex regidora y licenciada Ludivina Menchaca”.

En el boletín, se califica de “calumnias y "cortinas de humo", las declaraciones que el presidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña ha hecho en torno a este asunto, aunque no se especifica en qué han consistido éstas.

A pesar de que ha sido un acto ampliamente repudiado no sólo en redes sociales sino por la clase política, la Senadora insiste en defender su postura, apelando a la supuesta simpatía del “pueblo” hacia sus acciones:

“No podemos olvidar que el ser Regidor es un cargo de elección popular y por ello, a la C. Ludivina Menchaca Castellanos fue el pueblo quien la colocó en ese sitio y por lo tanto es solo el e pueblo quien está pendiente de las acciones que ella lleva a cabo, por ser su representante” (sic). (…) “La Senadora con esta acción muestra a los ciudadanos de cómo es posible hacer valer las leyes a fin de ratificar el estado de derecho”, se cita en el boletín.

En el comunicado se afirma que “no se trata de sangrar al Ayuntamiento, mucho menos se trata de ninguna cuestión inmoral como algunos medios de comunicación CALIFICAN, se trata de SALARIAS DEVENGADOS NO PAGADOS” (sic).

Lo que se ha cuidado de mencionar la legisladora del Partido Verde, es que actualmente, como “representantes popular”, tiene un sueldo base de 234 mil pesos mensuales, sin contar las gratificaciones, ni las prerrogativas de las que goza la élite parlamentaria de nuestro país, como seguro de gastos médicos mayores, y pago de viáticos, entre otros.

El libelo concluye de la misma forma como inició, sin argumentos, sin coherencia, con errores de redacción, y tratando de defender un asunto en el que la postura fijada por la opinión pública es generalizada, en el sentido de reconocer que el cobro no es ilegal, pero sí es indebido y políticamente incorrecto.

“¿Cómo se sentiría usted si trabaja y no le pagan por simple capricho?, ¿Qué estaría si a usted después de haber desempeñado varias jornadas laborales las personas que lo contrataron no le pagaran el sueldo que se ganó? ¿Usted que haría?” (sic). Así reza el último párrafo del boletín enviado por la senadora Ludivina Menchaca (NoticaribeNews)