Playa del Carmen.- Se espera que con el nombramiento de Orlando Emir Bellos Tun como Juez Segundo de lo Penal, quien es avalado por una amplia trayectoria en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, se “limpie” la imagen de este Juzgado; por las sospechas que su extitular, la ahora cesada Rosaura Antonina Arzápalo Villanueva, protegía a los delincuentes del crimen organizado, razón por la cual, el Consejo de la Judicatura la separó del cargo para investigarla y deslindar responsabilidades.

Orlando Emir Bellos Tun, miembro de una conocida familia del municipio de Lázaro Cárdenas, y quien el primero de este mes ocupó la titularidad del Juzgado Segundo de lo Penal, es avalado por una amplia trayectoria en el Tribunal Superior de Justicia, y quien en los últimos cuatro años fungió como Juez Mixto de Primera Instancia en el municipio de José María Morelos.

La llegada de Orlando Emir Bellos Tun como Juez Segundo de lo Penal ha creado buenas expectativas porque además de su experiencia en la carrera judicial, ocupando los cargos de actuario, secretario de acuerdos y proyectista, en la semana y media que lleva ocupando el puesto se ha caracterizado por su buen trato hacia a la gente, contrastando con la actitud de prepotencia y “cerrazón” de Rosaura Antonina Arzápalo Villanueva en el año y medio que ocupó el importante cargo.

En su edición del pasado viernes, este diario publicó que por su presunta protección a los delincuentes del crimen organizado, trascendió que la cuestionada Juez Segundo de lo Penal, Rosaura Antonina Arzápalo Villanueva, fue suspendida un mes por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para ser objeto de una investigación, quien en el año y medio que lleva en el cargo protegió tanto a los criminales que ni siquiera permitió que los reporteros los fotografiaran cuando comparecían detrás de la rejilla de prácticas.

Finalmente, cabe destacar que en el año y medio que Rosaura Antonina Arzápalo Villanueva lleva como Juez Segundo de lo Penal, siempre adoptó la extraña actitud de evitar que los reporteros fotografiaran a los integrantes del crimen organizado, cuando rendían su declaración preparatoria, e incluso quienes osaban hacerlo, prácticamente los echaba de la sala, cuando las audiencias son públicas, razón por la cual, no es de descartarse que se encuentra a su servicio, situación que provocó que fuera suspendida por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para ser objeto de una investigación y con posibilidades que se le deslindan responsabilidades en el ámbito penal.