Tras el procedimiento de la colocación de sellos de clausura de parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) durante la tarde del pasado sábado, hasta un millón de pesos podría estar siendo acreedora Elizabeth González Díaz, regidora del Partido del Trabajo, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, debido a que devastó más de dos mil metros cuadrados de selva, entre las que se hallan plantas en peligro de extinción, sin contar con la autorización del cambio de uso de suelo.

Luego de que se diera a conocer el ecocidio en un predio de la regidora del Partido del Trabajo ubicado en el tramo de la carretera federal Chetumal-Puerto Juárez, municipio de Tulum, las autoridades de la Profepa en Quintana Roo arribaron al lugar, donde constataron el corte y eliminación de vegetación de selva mediana superennifolia, de un camino de una longitud de 320 metros con un ancho de 7.20 metros, por lo que procedieron a la colocación de dos sellos de clausura a la orilla de la vía federal.

La regidora González Díaz, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, no obstante a que deja en entredicho que no tiene respeto a las leyes ambientales, tenía la obligación de solicitar los permisos a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para poder llevar a cabo los trabajos de desmonte en el lugar, al igual como mantener una cercana comunicación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) encargada de vigilar que ninguna autoridad ni ciudadanos particulares afecten el entorno del medio ambiente.

En este caso, las afectaciones a especies listadas en la NOM 059 Semarnat 2010, como son las palmas Nakax, la Cocotrinax readii, palma de Chit (Trinax radiata), estas dos últimas amenazadas en la NOM 059, debido a ello las autoridades procedieron a la colocación de dos sellos de clausura, relacionadas con los folios PFPA/ 29.3/2C 27/0160-11 y PFPA/29.3/2C-27-/0/59-11, donde debe darse el cese total temporal de las actividades y obras, y en caso de desacato podría incluso hasta alcanzar cárcel, que va de los 3 a 6 años.