El tres de septiembre de 2024 quedará registrado en el calendario histórico de Quintana Roo como el día en el que los 25 diputados de la XVIII Legislatura entraron al Congreso huyendo de los ciudadanos y custodiados por casi un centenar de policías estatales; en medio de una lluvia de huevos que era atajada con sombrillas por el personal de ayudantía de la “casa del pueblo”, quienes seguramente recibirán un bono por cada huevo que lograron atajar antes de que se estrellara en la ropa de estreno de legisladores e invitados.

Desde el día anterior, activistas de Somos Tus Ojos, de Madres Buscadores de Isla Mujeres Búsqueda en Vida, del 9N, y ciudadanos inconformes con la impartición de justicia, acamparon afuera del recinto legislativo, en la plazoleta donde los diputados salientes quitaron la estatua del padre del estado, Andrés Quintana Roo, para iniciar los “necesarios” trabajos de construcción de una cafetería que servirá para ‘el intercambio de ideas’ y el descanso de su extenuante trabajo; según justificaron en su proyecto los integrantes de la XVII Legislatura.

La tranquilidad del campamento de los ciudadanos se rompió a las dos de la mañana, cuando un camión de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo llegó con una cuarentena de elementos antimotines que desplegaron vallas metálicas para rodear el ala que quedaba libre del recinto legislativo, ante el temor de que los manifestantes tomaran ambas entradas. De otras dos camionetas descendieron otra veintena de policías que se sumaron a los que ya se encontraban en la zona.

Las alarmas de los integrantes del 9N se encendieron, las víctimas de represión policial del nueve de noviembre de 2020, revivieron la ansiedad y el temor de la noche en la que fueron violentados y baleados por policías estatales. Pero esta vez, no estaban solos y su posición era otra; una distinta y que harían valer con creces al día siguiente, frente a la élite de la política, frente a los diputados que han sido indiferentes a las exigencias de justicia, de investigación y de rendición de cuentas de los titulares del Poder Judicial, Heyden Cebada Rivas, y de la Fiscalía General del Estado, Raciel López Sálazar.

La indiferencia, la indolencia y la complicidad de la clase política les sería cobrada unas horas más tarde con huevos. Sí, con huevos. Con huevos en ambos sentidos. En el sentido estricto del término y en el sentido coloquial.

La mañana inició y las lonas con los mensajes de “bienvenida” fueron colgadas en las calles, alrededor de los accesos del edificio del Congreso, imposible no verlas, por donde sea que llegaran los diputados, la élite política y sus invitados, recibirían el mensaje: “En Quintana Roo la Justicia se vende al mejor postor”, “Mercenarios de la injusticia”, “La historia se repite: mayas despojados de sus tierras por españoles con ayuda del Gobierno de Quintana Roo”, “Mara Lezama y su Poder Judicial protegen a abusadores sexuales de niñas”; “Con Mara Lezama nos está llevando la chingada. Por su exceso de corrupción”.

A los incómodos manifestantes se sumó la lluvia, que vino a terminar de estropear el “gran día”. Los vestidos blancos, los trajes sastre de colores claros, los zapatos impecables, las zapatillas nuevas tendrían que ensuciarse con el agua lodosa que sea como sea ‘pringa’.

Los hacedores de leyes con rostro atónito, fingían no escuchar los gritos, los calificativos: “parásitos”, “vividores”, "corruptos",“garrapatas chupa sangre”, “mantenidos”, “inútiles”.

Pero la mayor preocupación que tenían los estrenados diputados y sus invitados eran los huevos. Los huevos que empezaron a volar buscando alcanzar a alguno. Molestarlos, aunque fuera por un momento. Una molestia que en nada se compara a los años que las víctimas han pasado exigiendo justicia sin conseguirla, y sin que a nadie le importe.

A la protesta se unieron ciudadanos víctimas del sistema: Blanka Cardona, que lleva cuatro años peleando por sus hijos, desde que elementos policiacos se los quitaron por una supuesta denuncia de que se encontraban en riesgo. Alfredo, hijo del señor Roberto Chan Puc, indígena maya despojado de su terreno por empresarios españoles, con la complicidad de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial.

El protocolo del “aquí no pasa nada” seguía adentro del edificio del Congreso, el mismo donde Mara Lezama hizo que un empleado del Poder Legislativo pintara un mural con su rostro para presumirse como la primera mujer gobernadora; y los diputados que evadieron los huevazos hacían lo que harán los próximo tres años: ignorar los reclamos.

Afuera del edificio del Congreso, los manifestantes exigían justicia. La urgente, inmediata, ineludible comparecencia del magistrado notario presidente, Heyden Cebada Rivas, el gran amigo de la Gobernadora; y de Raciel López Salazar, el titular de la Fiscalía General del Estado, quien espera que la XVIII Legislatura le regale 12 años más en su cargo.

El evento pudo haber terminado mal cuando los antimotines llegaron a resguardar la puerta metálica que los manifestantes golpeaban para perturbar los discursos vacíos y adornados de los diputados. Pero la prudencia de los inconformes evitó otra mancha de represión en la historia de Quintana Roo, un estado que ya no aguanta la falta de justicia.