Se suman más quejas en contra del magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado Mario Aguilar Laguardía, a quien señalan de abusar de su cargo para frenar denuncias en su contra e invadir propiedades con documentos apócrifos.

Ahora, el abogado Manuel Rojo Rodríguez acusa al magistrado Mario Aguilar Laguardia de despojarlo de un terreno en Bacalar y de utilizar sus influencias para frenar la integración de la denuncia en su contra en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que está marcada con el número de expediente AP/ZS/CHE/01/SD/3179/10-2010.

“Hace más de seis años llevé el caso de la señora Yolanda Barbosa Arbizu, a quien defraudaron con la compra de un terreno en Majahual; ella me dio un poder para recuperar su dinero y con el paso del tiempo logré reponerle el daño con la adquisición de un predio en Bacalar, pero al cobrar mis honorarios ella se negó a pagarme e inicié un proceso en su contra por un adeudo en mis servicios, que superaban los 500 mil pesos”, relató el abogado Manuel Rojo Rodríguez.

Cuando la señora Yolanda Barbosa Arbizu contrató al abogado Manuel Rojo Rodríguez se estipuló que él recibiría el 40 por ciento del monto recuperado; sin embargo, la señora se negó a pagar.

Ante la negativa de la señora Yolanda Barbosa Arbizu, el abogado Manuel Rojo inició un proceso en contra de ella en el Juzgado Civil, donde en un principio batalló mucho para lograr notificarle la denuncia e iniciar con el juicio, porque ella no vivía en el país.

Finalmente se inició el juicio con el número de expediente 111/2007 en el Juzgado Civil de Primera Instancia con sede en Chetumal y fue entonces cuando la señora Yolanda Barbosa contrató como abogado a Mario Aguilar Laguardia, entonces consejero del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), para que la defendiera.

En el proceso del juicio, el abogado Manuel Rojo Rodríguez pidió al Registro Público de la Propiedad se embargara el predio en Bacalar, el que había logrado recuperar para la señora Yolanda Barbosa Arbizu y en base al cual ella debería pagarle el 40 por ciento, y el motivo del embargo era para garantizar su pago.

“Al enterarse que estaba demandada, la señora Yolanda Barbosa Arbizu le dio un poder a Mario Aguilar Laguardia para que defendiera sus intereses y empezamos a litigar en base al expediente 111/2007 en el Juzgado Civil de Primera Instancia en Chetumal; ofrecí todas mis pruebas y ellos no ofrecieron una sola prueba, porque no las tenían, concluyó el juicio y vino la sentencia, pero por maniobras de este maldito sujeto (Mario Aguilar Laguardia), empiezan a entorpecerme el juicio”.

“Finalmente se dictó la sentencia y no me satisfizo porque fue en base a lo que la juez quiso, no en base a lo que yo pedí; finalmente se ordenó se me paguen 270 mil pesos más otros gastos; pero en el lapso en que me toca ejecutar la sentencia me entero que el terreno de Bacalar ya no pertenecía a la señora Yolanda Barbosa Arbizu, ya era de una sociedad anónima Utopia Costa Maya”.

Se adueña de terreno

Lo que sucedió fue que, aún cuando Mario Aguilar Laguardia ya había intervenido en el proceso del juicio, también se dio el tiempo para formar una sociedad y comprar el predio en disputa con el aval de un notario en Guadalajara.

“El predio que supuestamente yo tenía embargado y que estaba litigando con Mario Aguilar Laguardia, ya le pertenecía; me entero que él se fue a Guadalajara y allí ante un notario llevan a cabo una escrituración del predio, vendiéndoselo a la sociedad anónima Utopía Costa Maya, esta misma empresa le da poder a Laguardia para que lleve a cabo trámites, para hacer movimientos legales”.

Es decir, la señora Yolanda Barbosa Arbizu le vende a Utopía Costa Maya el terreno de Bacalar que tenía en litigio con el abogado Manuel Rojo Rodríguez, y entre los socios de Utopía Costa Maya se encontraba Mario Aguilar Laguardia y finalmente se quedó con el terreno.

Ante la maniobra fraudulenta que hizo Mario Aguilar Laguardia para quedarse con el terreno, el abogado Manuel Rojo Rodríguez recurrió a la Procuraduría General de Justicia del Estado y levantó la averiguación previa con el número de expediente AP/ZS/CHE/01/SD/3179/10-2010.

“Interpuse una denuncia de hechos en contra de Yolanda Barbosa y Mario Aguilar Laguardia, además en contra de René Martín García Tamayo y Víctor Boeta Pineda, estos dos últimos porque intervinieron en los trámites que hizo Laguardia en el Registro Público de la Propiedad, ellos le facilitaron los medios para que pudiera defraudarme con ese terreno”, explicó el abogado Manuel Rojo Rodríguez.

“Al venderse ese terreno me quedo sin posibilidades de asegurar el pago que se me sigue debiendo, cuando lo denuncio lo nombran magistrado y el juzgado pide todo el expediente civil y lo glosan a la denuncia; pareciera que ya se había agotado la investigación y Mario Aguilar Laguardia mete las manos en la Procuraduría y el expediente empieza a ocultarse, me informan que se extravió y hasta al fecha sigue durmiendo la denuncia en la Procuraduría”.

El abogado Manuel Rojo Rodríguez teme que en base a las influencias del magistrado Mario Aguilar Laguardia se haya sacado información del expediente o alterado constancias, ya que Mario Aguilar Laguardia hizo trámites para la compraventa con documentos apócrifos.

“Es un tipejo (Mario Aguilar Laguardi) que no vale la pena como hombre, es un tipo deshonesto, que no vale la pena como abogado y mucho menos como magistrado, es de lo peor”, expresó el abogado Rojo Rodríguez.

“Decidí hacer público mi caso en apoyo a quienes también han levantado la voz en contra de Mario Aguilar Laguardia, al poner en tela de duda su solvencia moral”.

Cabe recordar que recientemente Héctor Peza Romero denunció a Mario Aguilar Laguardia ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), porque el magistrado estaba devastando selva virgen y extrayendo material pétreo en un predio que legalmente le corresponde a Héctor Peza Romero.

Además, señaló que el magistrado Mario Aguilar Laguardia ha utilizado sus influencias para frenar un juicio en su contra en el Tribunal Unitario Agrario y una denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Estado.