Cancún.- La prevención social de violencia y de la delincuencia, el “Control del control de confianza” de los elementos policiacos que no se ha cumplido a cabalidad, la creación de un Sistema Nacional de Información de Seguridad Publica, y un centro de justicia para la mujer, pero sobre todo que se destine un presupuesto para la realización de las acciones, y se respeten los tratados internacionales, fueron las propuestas del Observatorio de Violencia Social y de Género de Benito Juárez, en el Foro Estatal de Consulta del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

En el foro México en Paz, que es uno de los cinco ejes que puso en consulta el gobierno federal, también participaron el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), Enrique Mora Castillo y el diputado con licencia, Eduardo Espinosa Abuxapqui, entre otros.

La titular del Observatorio, Celina Izquierdo Sánchez, aseguró que es necesario, la capacitación y fortalecimiento de los elementos e involucrados en el sistema penitenciario, así como una mejor planeación, debido a que es una realidad, que existe una pérdida de confianza de la población hacia los responsables de brindar la seguridad, por lo que considera primordial el control de confianza a los elementos de las corporaciones policiacas, toda vez que no se alcanzaron las metas planteadas en ese rubro.

Dijo que las medidas de confianza tienen como objetivo, prevenir la corrupción y depurar la policía de los malos elementos, mientras que en justicia penal, el país enfrenta un rezago importante, ya que un estudio realizado en el 2012 por la Organización Multinacional de Justicia, de 97 naciones evaluadas, México se ubicó en el 91.

En Quintana Roo, sólo el 13 por cientos de los casos están en proceso, al existir un 76 por ciento de rezago, en tanto también se hace necesaria la capacitación en materia de juicios orales.

De igual forma señaló que la propuesta es alinear las normas estatales con la federal, y actualizar a los ministerios públicos, además de fomentar la cultura del Debido Proceso, lo mismo que aleccionar a la autoridad para utilizar pruebas lícitas, toda vez que se estima que el 40 por ciento de los reclusos están en la cárcel por delitos de bajo impacto y 25 por ciento fueron remitidos con base a pruebas ilícitas e irregulares, por lo que la amenaza de ingobernabilidad es real.

Sin embargo para todas las acciones correctivas se requiere de fondos, debido a que en el 2012, diversos estados destinaron recursos para los Centros de Justicia para la Mujer, y sólo tres no tuvieron esa iniciativa.

A pesar de que la violencia familiar y sexual, son los de mayor incidencia, de acuerdo a los reportes del INEGI de 2012, el 30.6 por ciento de la población ha sido víctima; mientras que el 24 por ciento corresponde al rubro de victimización, 29 por ciento afectados por diversos delitos, mientras que la cifra negra se estima en 91.6.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Quintana Roo, Enrique Mora Castillo, aseguró que el principio de legalidad es para reducir los abusos de autoridad, por ello propone instrumentar un sistema de medición e indicadores que reflejen el cumplimiento de la norma.

Cabe mencionar que en este apartado también participó el diputado con licencia, Eduardo Espinosa Abuxapqui, y el moderador fue el hotelero, Abelardo Vara.