En diciembre de 2018, Óscar Montes de Oca Rosales tomó protesta como Fiscal General de Quintana Roo. Para que ello fuera posible, en octubre, Carlos Joaquín González, entonces gobernador de Quintana Roo, envió a la XV Legislatura una propuesta de modificación a la Constitución del estado para eliminar el requisito que exigía a los fiscales haber nacido en Quintana Roo para poder ser elegibles al cargo.

24 de 25 diputados levantaron la mano para votar a favor de Óscar Montes de Oca, de entre la terna enviada por Carlos Joaquín González, que incluía dos nombres de relleno: Gustavo Salas Salgado y Julio César Moreno Orendain.

Desde el inicio de la gestión de Óscar Montes de Oca, la que esto escribe puso bajo los reflectores lo que pronto se convertiría es uno de los peores episodios de la historia de Quintana Roo: el abuso de poder, la corrupción, el crecimiento sin freno de la criminalidad y los despojos de predios de alta plusvalía en perjuicio de particulares.

También, desde Somos Tus Ojos acompañamos el movimiento de policías ministeriales, fiscales y personal de la Fiscalía General del Estado que intentó frenar la “toma” de la Fiscalía General del Estado por parte de Óscar Montes de Oca y de decenas de personas que lo acompañaban con antecedentes poco confiables.

En septiembre de 2020, un grupo de agentes de la Policía Ministerial presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción del Estado, que quedó radicada bajo el número FGE/QR/FECC/CHE/0285/09/2020, en contra de Óscar Montes de Oca Rosales y del director de Administración y Planeación, César Octavio Ayerdi Hernández, por discriminación, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público, ejercicio abusivo de funciones.

La denuncia también se presentó ante el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, y se puso en conocimiento de la Secretaría de Gobernación.

La acción legal no llegó a nada y los denunciantes, entre los que se encontraban Héctor Chávez, Juan Carlos Jiménez, Viena Mex, Carlos Meléndez, María Osorio, Blanca Jiménez, Claudia Panting y Felipe Piste, fueron dados de baja o reubicados.

Bajo el pretexto de la “limpia” de la institución, muchos fiscales locales fueron replegados a unidades y lugares sin importancia “económica” para el crimen, y por ende, para la Fiscalía de Óscar Montes de Oca. Múltiples policías ministeriales locales fueron desarmados, y despedidos por supuestamente no acreditar los exámenes de confianza.

Para febrero de 2020, Óscar Montes de Oca Rosales ya había incorporado a la dependencia a más de 200 empleados nuevos, la mayoría de ellos provenientes de la Ciudad de México, entre ellos el recién detenido Miguel Ángel Cuéllar Rangel, alias El Tigre, señalado de ser integrante del Cártel de Sinaloa y quien operaba en el estado de Quintana Roo.

También integró rápidamente a Roberto Damián Hernández Reyna, el “comandante Reyna”, conocido como el encargado de la red de espionaje que tendió Miguel Ángel Mancera, en la Ciudad de México.

Cuéllar Rangel fue dado de alta en noviembre de 2019, como agente de la Policía de investigación con un sueldo quincenal de 2,461 pesos, y una compensación de 2,464 pesos. Esto es, a la quincena “El Tigre” ganaba 4,925 pesos...

El primero de septiembre de 2020 el grupo de agentes ministeriales “disidentes” sostuvieron una reunión con el fiscal Óscar Montes de Oca Rosales, en la que le reclamaban una serie de actos ilegales así como conductas autoritarias y discriminatorias por parte de los mandos recién llegados, operativos mal planificados e invasión de competencias por parte de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, además de la realización de aseguramientos ilegales de terrenos; actos que el fiscal Óscar Montes de Oca Rosales desdeñó o justificó.

En un audio publicado en su momento por la que esto escribe, se escucha que uno de los policías ministeriales le dice al Fiscal que a los policías con mayor antigüedad les están quitando sus armas para dárselas al personal recién llegado de la Ciudad de México y le dan el ejemplo de una mujer a la que le dieron un arma larga y un arma corta, y realiza trabajo de gabinete.

“(…) cuando llegó el personal de México a muchos les quitaron sus armas para entregarlo a la gente”, “a la mayoría”, expresa uno de los ministeriales que participaron en la reunión.

Los agentes le hacen ver a Montes de Oca Rosales que quienes recibieron las armas no están registrados en la licencia colectiva y tampoco pasaron por los exámenes de control del C3.

Los ministeriales detallan el caso de una “secretaria” de nombre Diana Amador González, que trabaja directamente con quien fuera el Coordinador de Fiscalías Especializadas, también llegado de la Ciudad de México, Cristóbal Martín Mendoza de Vicente, y a quien sin haber pasado los exámenes de control le entregaron un arma que le quitaron a un policía ministerial con años de servicio en la corporación:

“El señor Cristóbal tiene una secretaria que llegó apenas y ya tenía su arma”

El Fiscal Óscar Montes de Oca argumenta que la mujer en cuestión es policía y que no está bajo contrato, sino que fue una designación “especial” de su parte, y que la beneficiada se dedica a “trabajos de inteligencia”.

“No existe bajo contrato, son asignaciones especiales que hace el Fiscal, de nombrar a alguien inmediatamente (…) no es secretaria, es policía”

Al cuestionamiento que la mujer no está en la licencia colectiva de la institución ni ha hecho los exámenes de control y confianza, Montes de Oca responde: “estamos ya en el trámite para que la den de alta en la licencia” y justifica que todos los de reciente ingreso están en trámite de presentar exámenes.

MONTES DE OCA CONTRATÓ MÁS DE 200 PERSONAS

Desde que inició su gestión y hasta febrero de 2020, Óscar Montes de Oca Rosales había contratado a 232 personas a las que se les pagaba por honorarios, entre directores, subdirectores y personal de diversas áreas administrativas.

Muchos de los contratados eran “aviadores”, personas que solo estaban en nómina pero no se presentaban a trabajar, o que cumplían labores fuera de la Fiscalía, entre éstos se encontraban hermanos e hijos de políticos, funcionarios y hasta de una diputada.

En 2019, Óscar Montes de Oca Rosales, titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) ejerció un presupuesto de 903 millones 207 mil 811 pesos, de los cuales 615 millones 261 mil 256 pesos los destinó al rubro de “servicios personales”, es decir, sueldos, remuneraciones especiales, estímulos a servidores públicos y demás prestaciones sociales y económicas.

De acuerdo a datos obtenidos por Somos Tus Ojos, 273 millones 937 mil pesos se erogaron en “remuneraciones adicionales y especiales”, monto incluso superior al pagado por “remuneraciones al personal de carácter permanente”, al que se le asignaron solo 157 millones 457 mil pesos. En la partida “otras prestaciones sociales y económicas”, la FGE gastó en 2019, 154 millones 024 mil pesos. (PARTE I)